¿Qué está pasando ?
En los procesos de medida de protección se toman decisiones importantes, que pueden significar restricción de derechos para niños, niñas y adolescentes sin contar con reglas mínimas de debido proceso, sin que ellos puedan participar en las decisiones que se toman, sin que puedan manifestar su opinión, y sin que alguien los defienda. Ellos no cuentan con un abogado.
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En casos de internación en centros de protección, se trata de un verdadero caso de privación de libertad, sin juicio, sin abogado, sin debido proceso.
La situación es grave y todo ocurre sin que se oiga la voz de los niños y niñas
Es de público conocimiento la grave situación de la infancia en Chile. A partir del año 2013, por medio de la investigación que realizó el Centro de Investigación Periodística CIPER Chile sobre la situación de niños y niñas en las instituciones de protección, se han sumado otras investigaciones que dan cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que viven miles de niños y niñas a quienes el Estado privó de sus cuidados familiares con el propósito de proteger, pero que ha expuesto a otros graves sufrimientos. Así fue como en abril del año 2016, murió en uno de los Centros de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino, la niña Lisette Villa.
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Actualmente hay alrededor de 20.000 niños y niñas que están en centros de protección, quienes tienen derecho a vivir en familia. La familia es el único medio idóneo para que un niño o niña crezca sano. Los niños y niñas que son ingresados a un centro de protección, lo hacen por medio de una decisión que toma un juez, pero, en muchos casos, no tienen la oportunidad de hablar con el juez que decide, ni tampoco son informados de los motivos de las decisiones que se toman.
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La mayoría de las veces, los niños y niñas no cuentan con un abogado que los defienda y que pueda representar su opinión ante el juez. En muchos casos, los niños y niñas pasan años en los centros de protección, sin que nadie los escuche, nadie que les pregunte cómo están y qué necesitan, ni tampoco alguien que tome medidas concretas y efectivas para restaurar su derecho a vivir en familia.
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Todas las personas que participan de cualquier proceso judicial, tienen derecho a ser considerados, a ser oídos y a contar con defensa de un abogado. Hoy los niños y niñas en Chile no cuentan con estos derechos, pese a que las decisiones que se toman sobre sus vidas son de vital importancia y pueden significar graves restricciones de sus derechos.